Una primera conclusión, es que se han realizado grandes avances desde 2000 hasta hoy. Hemos pasado por diferentes hitos como la exhumación de la fosa de Priaranza; la ley de memoria histórica nacional de 2007; la apertura de la instrucción del juez Garzón entre 2008-2012. Una segunda es que el peso de las actuaciones han pasado de familiares y asociaciones memorialistas con sus ventajas e inconvenientes.
Los primeros, entre el 2000 y el 2008, fueron los años durante los que el impulso del memorialismo marcó el camino y llevó a la implicación de las administraciones. Fueron los años de la ley de memoria de Zapatero y las actuaciones del juez Garzón. Sin embargo no se consiguió que la Memoria Histórica tenga la consideración de política nacional, de forma que el gobierno del PP se permite ningunearla con presupuesto cero y, la distribución regional es desigual y con fuertes impulsos partidarios y electoralistas, dependiendo de quien ocupe la administración.
Desde comienzo de la década hasta hoy, la situación ha cambiado. Son las administraciones las que marcan, mayoritariamente, el camino con las asociaciones memorialistas de compañeras de viaje. Pero, en última instancia, sigue sin haber políticas activas de memoria a nivel estatal y a escala regional se aplican más bien políticas de palo y zanahoria. Un memorialismo trufado de institucionalismo. Encontramos excepciones en la provincia como son los casos de El Marrufo y la Casa de la Memoria de Jimena y las exhumaciones de Puerto Real y, en la actualidad, de San Fernando.
En Andalucía existe un antes y después de marzo 2017: momento de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Una normativa que refleja la lucha existente entre una interpretación amplia de lo público y otra restringida: Sólo administración o también la sociedad organizada. Una derivación de los estrechos márgenes participativos de la democracia española. Un régimen trufado de paternalismo. De hecho, pienso que la aparición de la Memoria Histórica fue la primera grieta del pacto de 1978.
La provincia de Cádiz ha sido el espacio de importantes actuaciones. Desde la temprana exhumación de El Bosque, con intervención de funcionarios públicos, hasta la más reciente, ya citada, en la fosa de Puerto Real convertida en uno de los referentes de las actuaciones memorialistas en la región.
También se han producido importantes avances en la otra gran pata de las actuaciones memorialistas: el restablecimiento de la verdad de lo ocurrido durante el golpe y el franquismo. En la actualidad tenemos estudiadas por diversos investigadores la mayoría de las poblaciones de la Sierra, algunas de la campiña y de la bahía. Faltan todavía trabajos en localidades tan importantes como las del Campo de Gibraltar y Arcos por citar dos ejemplos. Como también faltan trabajos, aunque conocemos algo más, sobre las políticas concentracionarias, de rapiña y exilio.
Por último, señalar el papel que tienen en la actualidad los servicios de Memoria Histórica de instituciones como la diputación o algunos ayuntamientos. La primera, en especial, por su Servicio de Vídeos que es autor de algunos d los más destacados realizados estos últimos años. En lo que respecta a los ayuntamientos su recorrido es muy desigual primando la institucionalización, en sentido negativo, y su relación con las políticas partidarios. En otros, como en el caso de Cádiz, ha suplido la ausencia de un auténtico movimiento memorialista en la ciudad.
En resumen, nos encontramos en un momento delicado en el que se juega el futuro del memorialismo. Pienso que a mayor institucionalización, menor será la velocidad de intervención. El asociacionismo debe volver a tomar pulso a través de agrupaciones de familiares y de recabar el espacio que le corresponde como movimiento civil, tan público como pueden serlos instituciones administrativas.
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