martes, 10 de julio de 2018

Son las asociaciones memorialistas de la provincia de Cádiz las que piden y logran un banco de ADN.

El representante de Izquierda Unida, sorprendentemente, no cita en el vídeo que abajo se ofrece que la iniciativa de pedir en la Diputación de Cádiz un banco de ADN provincial no es suya, sino que parte de un escrito (del que tuvo conocimiento IU desde el primer momento) de las asociaciones memorialistas que abajo reproducimos íntegramente.

Igualmente, en el documento presentado por Izquierda Unida en la Diputación (que ha sido aprobado con la 'curiosa' abstención del PSOE y que también reproducimos abajo) tampoco se cita a las concretas asociaciones de víctimas y familiares del franquismo de donde ha partido directamente esta iniciativa, lo mismo que el Ayuntamiento de Jerez (esto ya nos extraña menos) tampoco dice nada sobre que son los memorialistas y familiares de víctimas quienes están exigiendo el posicionamiento coherente de las instituciones en esta materia:

Este intento de ninguneo de las asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas del franquismo en la provincia de Cádiz nos parece DESAFORTUNADO Y GRAVE.


http://videoacta.dipucadiz.es/library/items/pleno-ordinario-junio-2018-2018-06-20?part=4b1eded7-07f2-4cc7-ac7e-d0b09c746c86&start=3382



DOCUMENTO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ PRESENTADO POR IZQUIERDA UNIDA EN PLENO DE 20/06/2018

Al amparo del vigente Reglamento Orgánico el grupo de Diputados que suscribe presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario, la siguiente PROPOSICIÓN PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE UN BANCO DE ADN DE RESTOS EXHUMADOS Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA.

Exposición de motivos:

La sociedad civil y en particular, las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de los nietos, son quienes han impulsado iniciativas a favor de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esta situación responde al profundo compromiso de las víctimas y familiares y asociaciones por mantener vivas la voz y los reclamos de las víctimas, como al vacío dejado por el Estado en atender esos reclamos.

Existen numerosos testimonios y reclamos de familiares, en ocasiones personas de muy avanzada edad, quienes expresan con profunda emoción el deseo de poder dar sepultura digna a sus seres queridos. Sin embargo, es preocupante que el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación de los restos, especialmente cuando esto es técnica y materialmente factible. Salvo excepciones, las autoridades señalaron como respuesta la Ley 52/2007, el Mapa de Fosas y las subvenciones destinadas a las exhumaciones. Además de notar que desde 2011 el presupuesto para la implementación de la Ley, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado. Es decir, estas medidas no representan una reparación adecuada.

Asimismo, la Ley 52/2007 no establece una política estatal en la materia, sino que delega a los familiares y las organizaciones la responsabilidad de los proyectos de exhumación. Los familiares de las víctimas y las asociaciones han venido supliendo  funciones que corresponden al Estado, sin recibir siempre el apoyo suficiente. Si bien, es positiva la adopción de protocolos técnicos, el recorte total de las subvenciones y la renuncia del Estado de asumir responsabilidad en los procesos de exhumaciones genera inconvenientes mayores en materia de coordinación y metodología.

La privatización de las exhumaciones también alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales. Estas no comparecen cuando se denuncia el descubrimiento de una fosa y no existen por ende registros oficiales de las exhumaciones. Se crea entonces un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su derecho a enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un día establecer una verdad oficial sobre las circunstancias de su muerte.

Desde la llegada del PP al Gobierno de España, año a año han demostrado su desprecio a la memoria histórica al no dotarla económicamente en los Presupuestos Generales del Estado ni han querido adecuar la norma a los requerimientos de las organizaciones internacionales, que continuamente están demandando a España que cumpla y repare las violaciones de los Derechos Humanos que se cometieron durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Por otro lado, la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática Andaluza, en su artículo 13.3 establece que la Administración de la Junta de Andalucía realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados. A tal fin, establecerá y gestionará un sistema de banco de datos de ADN en colaboración con las universidades públicas de Andalucía, en el que se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el ADN de personas voluntarias que, tras su acreditación, deseen formar parte de este banco de datos por su condición de familiares víctimas.

Según datos oficiales recientes existen en la provincia de Cádiz 118 fosas comunes documentadas y la cifra de personas desaparecidas en la provincia durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista asciende a 1.584 víctimas. Por ello, abordar de manera urgente la exhumación e identificación de estas personas enterradas en fosas comunes y cunetas es de justicia y una obligación de todas las administraciones públicas competentes para la reparación de su memoria.

La Diputación de Cádiz mantiene un convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Cádiz que contempla la posibilidad de establecer Convenios específicos de colaboración con otras administraciones, instituciones y organismos tanto públicos como privados, en el que podría tener encaje la creación de un Banco Provincial de pruebas genéticas de ADN de restos exhumados y de familiares de víctimas, que permita el establecimiento de los vínculos biológicos entre unos y otros.

Por lo expuesto, el grupo de Diputados Provinciales de IULV-CA presenta al Pleno de esta Diputación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

*El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ACUERDA adoptar las medidas necesarias a fin de establecer un Convenio Específico de Colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, que permita promover la creación de un Banco de ADN en la provincia de Cádiz, encomendando su coordinación al Servicio de Memoria Histórica y Democrática de esta Institución Provincial.

*Dar traslado del presente acuerdo a la consejería competente en materia de Memoria Histórica y Democrática de la Junta de Andalucía, a la Universidad de Cádiz y a las asociaciones memorialistas y Ayuntamientos de la provincia.


PROPUESTA INICIAL, Y PREVIA A LA SOLITARIA INICIATIVA DE IU, DE LAS ASOCIACIONES MEMORIALISTAS Y DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ:




NOTA: Por un lapsus a la hora de la presentación en el Registro no se incluyó en este documento a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE), que igualmente suscribió la iniciativa desde el primer momento [y así lo hacemos constar aquí]

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